El debate por la Ley de Alquileres -con las modificaciones aprobadas por Diputados la semana pasada- desembarcó en el Senado, y lejos parece estar una pronta respuesta para propietarios e inquilinos. Tras el comienzo de la discusión en las comisiones de Hacienda y Legislación General, el oficialismo impuso su voluntad para que se escuchen las voces de actores interesados en la temática.

La semana próxima seguirá el tratamiento de la iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja, mientras que el proyecto para regular los alquileres temporarios se consagra como el primero de la semana en materia de vivienda en obtener mayoría para tomarse en la Cámara de Senadores.

De haber dictamen, es posible que se convoque una sesión para el 13 o 14 de septiembre con la intención de tratar ambos temas y, además, un proyecto que plantea un salvataje para los deudores de los créditos UVA.

Cuando Diputados aprobó los cambios en la legislación de alquileres vigente, las diferencias entre Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT) quedaron evidenciadas porque el oficialismo no dudó en asegurar que las modificaciones propuestas inclinan la balanza a favor de los propietarios, a partir del establecimiento de los contratos de dos años y las readecuaciones periódicas de los costos.

Esas diferencias persisten entre los espacios políticos y actualmente están plasmadas en el cuerpo legislativo presidido por Cristina Fernández de Kirchner.

De hecho, en la primera jornada de debate en el Senado, algunos dirigentes de la coalición opositora no dudaron en acusar al oficialismo de pretender dilatar el tratamiento del proyecto o bien usarlo como una “moneda de cambio” para sesiones o temas posteriores.

A favor

“La media sanción ha generado más incertidumbre. Entonces, desde el espacio solicitamos que aunque la ley no sea ideal, tenemos que avanzar para darle mayores certezas a casi ocho millones de argentinos que alquilan”, manifestó la senadora nacional Beatriz Ávila, de JxC.

En diálogo con LG Play, la referente del Partido por la Justicia Social (PJS) defendió la “celeridad” que promueve la oposición porque en realidad, más allá de los cambios en los plazos o el índice con el que se ajustarían los alquileres, “la temática principal es la inflación”. “Está proyectada un 150% para este año y sería un 500% en lo que va de este Gobierno. Así obviamente, es muy difícil avanzar. Y sí sabemos que la actual ley, que en su espíritu pretendía ayudar al inquilino, provocó lo contrario”, destacó la legisladora nacional.

En defensa de que este proyecto obtenga sanción definitiva del Senado, Ávila indicó que no resultan un argumento válido los planteos oficialistas de mayor tiempo de estudio, ya que la temática viene siendo analizada desde hace un año y medio.

“Todos sabemos de qué se trata y escuchamos todos los días la angustia de los inquilinos. ¿Cuándo vamos a darle solución a la gente? Nosotros, lo que hemos planteado es un tema que está en la agenda de la sociedad, que está en la agenda de muchas familias, porque el alquiler de una vivienda no es algo frío, es la construcción de un hogar, es donde vas a vivir con tus hijos. Y hoy se ha dado que muchas inmobiliarias o propietarios no quieren alquilar porque no hay reglas claras y los inquilinos no encuentran un lugar para vivir. Y esto trae aparejado un tema mucho más profundo, que es el déficit habitacional, la falta de créditos hipotecarios, la inflación y la dolarización”, enfatizó.

En esta misma línea, la integrante del interbloque de JxC remarcó que lo importante en esta temática es “darle certidumbre” a los actores involucrados. “Hemos visto que desde el oficialismo se pretende dilatar el asunto llamando a distintas organizaciones, haciendo modificaciones para que vuelva a Diputados. Y todo esto se da en un contexto social y económico muy complicado”, expresó.

Con cambios

Consultada por LA GACETA la senadora peronista, Sandra Mendoza, afirmó que la actual legislación, vigente desde 2020, había sido aprobada con amplio consenso porque se entendía que era una buena que quedó distorsionada con el avance del proceso inflacionario en la economía. “Ahora se propone una modificación y escucharemos todas las posturas para tomar una decisión porque nuestro objetivo es darle una solución a todas las partes. Hoy, casi no existe oferta y la demanda es altísima”, precisó.

En relación a su postura sobre el tema, la referente del peronismo tucumano se mostró convencida en que el tema “necesita resolverse con urgencia” porque el ciudadano precisa “estabilidad y previsibilidad en su vivienda”. “No estaremos ausentes en el debate y esperamos encontrarles solución lo más rápido posible”, sentenció.

A su turno, el referente del bloque Frente Nacional y Popular, Pablo Yedlin, reconoció que la postura del espacio consiste en mejorar “algunos aspectos” porque si bien coinciden en que la ley requiere cambios, entienden que hay temas que “no se han hecho de la manera que nos parece”. “Es una ley que viene con un consenso relativo de diputados porque el Frente a Todos la votó en contra y nos parece que puede mejorar porque así como está le da más soluciones a los propietarios y a las inmobiliarias que a los inquilinos”, postuló.

El representante de Tucumán en la Cámara alta reconoció también que la magnitud de la inflación ha generado un problema en este tema porque las actualizaciones anuales han reducido mucho el mercado de gente que quiere alquilar. “De alguna manera hay que buscar una norma lógica, en este caso la que viene de diputados dice que cada cuatro meses, hay versiones semestralmente, hay que ver cuál es la fórmula que va a actualizar el valor de los alquileres y por otro lado, la norma proveniente de Diputados pone el límite en dos años como mínimo para no diferenciar alquileres habitacionales de comerciales que antes era cada tres años, así que es un tema que también queremos que se pueda modificar”, agregó.

Finalmente, Yedlin se mostró confiado en que el proyecto puede obtener los dictámenes favorables para que suba al recinto, antes de las elecciones generales, y se apruebe con modificaciones que luego deberán tener el visto bueno de los diputados.